PROYECTO DE ORDENANZA
Art. 1°: Creación. Créase, en el ámbito de la ciudad de Santa Fe, el Consejo Asesor en Políticas Públicas frente al Cambio Climático con carácter consultivo y permanente con el objeto de impulsar medidas tendientes a la mitigación y adaptación al cambio climático.
Art. 2°: Objetivos generales. La presente ordenanza persigue los siguientes objetivos:
- a. Crear un Consejo Asesor en Políticas Públicas frente al Cambio Climático para desarrollar, debatir y ejecutar medidas vinculadas al abordaje de la problemática del cambio climático en la ciudad.
- b. Generar un Plan estratégico local, integral y transversal en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.
- c. Promover acciones relacionadas con la producción y análisis de una base de datos cierta, pública, accesible y georeferenciada que contenga información sobre las variaciones en los componentes del clima en la ciudad.
- d. Fomentar políticas públicas tendientes a la disminución de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de origen directa o indirectamente antrópico.
- e. Crear espacios de debate a partir del conocimiento técnico-científico adecuado y la coordinación interjurisdiccional con otras ciudades del área metropolitana y la región.
- f. Promover espacios de participación ciudadana a través de organizaciones sociales, no gubernamentales, universidades, instituciones intermedias y de la sociedad civil fomentando prácticas democráticas reales.
- g. Generar una ética ambiental y conciencia colectiva respecto de la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el cambio climático.
- h. Concertar acciones reales para la mitigación, a través de la reducción de concentración de GEI teniendo como finalidad la atenuación del calentamiento global y la adaptación, generando resiliencia a los efectos negativos del cambio climático reduciendo la vulnerabilidad.
- i. Fomentar la renovación y ampliación del arbolado público urbano de conformidad a la normativa vigente incrementando las áreas verdes urbanas y superficies de absorción.
Art. 3º: Objetivo específico. El Consejo Asesor tendrá como objetivo la elaboración y coordinación de un Plan Estratégico de adaptación y mitigación al Cambio Climático para la ciudad, el que deberá contener una proyección de políticas de estado y estrategias tendientes a disminuir los gases de efecto invernadero y proponer el desarrollo de actividades alternativas más sustentables.
El Plan Estratégico deberá ser remitido al Honorable Concejo Municipal.
Art. 4°: Integración. El Consejo Asesor estará integrado por:
- a. Un/a (1) concejal/a representante por bloque del Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe.
- b. Dos (2) representantes del Poder Ejecutivo Municipal de áreas con competencia en la materia.
Los integrantes del Consejo serán renovados cada 2 años.
Art. 5º: Participantes. El Consejo podrá invitar a participar del mismo a representantes del Superior Gobierno Provincial con aptitud en la materia, del Ente de Coordinación del Área Metropolitana y del Comité Consultivo en Diversidad Biológica y el Desarrollo Sustentable de la ciudad.
Asimismo, a los fines de la realización del Plan Estratégico, el Consejo convocará a científicos/as, expertos/as e investigadores de reconocida trayectoria sobre los diversos aspectos interdisciplinarios del Cambio Climático, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, centros de investigación públicos y privados con antecedentes académicos y científicos o trayectoria en la materia
Art. 6º: Funciones. El Consejo Asesor tendrá a su cargo las siguientes funciones:
- a. Recabar información, conforme las metodologías consensuadas internacionalmente, vinculada a las actividades de mayor emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en la ciudad y la composición química de los mismos con una periodicidad que permita mantener los datos actualizados.
- b. Presentar informes anuales respecto de los avances en la elaboración e implementación de políticas públicas desarrolladas en el Plan, que deberá contener una descripción de barreras, necesidades, progreso y monitoreo.
- c. Trabajar de modo articulado con otros consejos, órganos y/o entes vinculados a la temática de la presente.
- d. Establecerá su metodología de trabajo interna y reglamento de funcionamiento, así como también su régimen y periodicidad de sesiones, pudiendo elevar programas, planes y acciones al Ejecutivo Municipal.
- e. Promover vínculos con Organismos internacionales y nacionales vinculados a la temática.
- f. Diseñar e implementar acciones que fomenten la educación ambiental.
Art. 7º: Informe anual. La presentación del Informe Anual será libre y pública permitiendo la asistencia de vecinos y vecinas de la ciudad promoviendo la participación y compromiso ciudadano.
Asimismo, serán publicados en la página web de la Municipalidad y del Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe para su libre acceso en cumplimiento con el paradigma de Gobierno Abierto.
Art. 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.
FUNDAMENTOS
Concejales y concejalas:
El presente proyecto tiene como objetivo la creación de un Consejo Asesor en Políticas Públicas frente al Cambio Climático para la ciudad de Santa Fe.
La problemática ambiental no solo debe preocuparnos, sino ocuparnos, nos incluye como parte y, muchas veces, también como causa de las dificultades que enfrentamos en la tarea de conservación del ambiente teniendo además la característica de traspasar límites jurisdiccionales.
Como hemos escuchado repetidas veces, el ambiente está compuesto por una infinidad de recursos que no son precisamente infinitos. Los discursos desarrollistas utilitaristas propios del siglo pasado, y sino anteriores también, nos han impulsado como sociedad a pensar en el crecimiento económico como único propósito y vincularlo estrechamente con el desarrollo humano. Es precisamente esa concepción antropocentrista que ha provocado las crisis ecológicas que hoy nos encontramos atravesando.
La Organización de Naciones Unidas presentó en el año 2015 la “Agenda 2030” para el Desarrollo Sostenible estableciendo 17 objetivos donde los Estados se comprometen a pensar el desarrollo mundial en clave sustentable y del mismo modo combatir las desigualdades.
Según el informe correspondiente al año 2020, dentro del objetivo 13 “Acción por el clima”, el año 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y los gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord, y continúa: “a pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero caigan alrededor de un 6% en 2020 debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, esta mejora es solo temporal”. Somos testigos de cómo las economías han vuelto a sus procesos productivos del mismo modo que lo hacían previo a la pandemia. Este parate obligatorio nos ha llevado a re-pensarnos en múltiples aspectos, y ha despertado un gran interés en el cuidado de los seres humanos con ánimos, literalmente, de supervivencia. Pero claramente no ha sido suficiente para promover conciencia ambiental, ni el indiscutido origen zoonótico del virus, ni las evidentes desigualdades, han servido para cuestionarnos de qué modo habitamos el mundo, y las ciudades, cómo y para quienes producimos.
El Cambio climático es un fenómeno sistémico que se refleja en el calentamiento del planeta pero incluye también a transformaciones en todos los ecosistemas y sistemas del planeta. Se plantean para nuestro país una serie de escenarios actuales y futuros en los que el cambio climático altera las condiciones productivas para las actividades agropecuarias, modifica situaciones de mercado, incrementa riesgos sanitarios y profundiza las situaciones de vulnerabilidad de la población. Esto destaca la necesidad del diseño de estrategias para su mitigación y la adaptación a sus efectos en una escala local, regional y nacional.
Actualmente, según la Organización “Climate Action Tracker”, las medidas de Argentina se encuentran en un grado “críticamente insuficiente” que se traduciría, si no se toman acciones series e inmediatas, en un aporte a la suma de temperatura global a largo plazo mayor a 4°C. Considerando que como parte del Acuerdo de París hemos adoptado el compromiso ambiental de mantener un 1,5°C con esperanzas de “ganar tiempo” para lograr conservar nuestro ambiente o, como mucho, un aumento de 2°C con consecuencias de por sí dañinas e irreversibles, estos estándares de Climate Action nos colocan en un escenario sin retorno.
Por ello, creemos que las medidas deben promoverse en todos los ámbitos, a través de acciones blandas, como educación ambiental, concientización de la población y otras más duras, a través de decisiones políticas de los sectores gubernamentales de acompañar este objetivo con el desarrollo e impulso de infraestructura, nuevas tecnologías, promoción de actividades sostenibles entre otros.
Sostenemos que resulta indispensable trabajar sobre una base de datos cierta y actualizada que siga los estándares internacionales y permita conocer la realidad ambiental de nuestra ciudad. Es necesario contar con la misma para pensar nuevos modos de desarrollo y planificar considerando acciones tendientes a, por un lado la mitigación, identificando los principales puntos de emisión de gases de efecto invernadero para reducirlos e incentivando aquellos vinculados a la captación, y, por otro lado, la adaptación, promoviendo acciones que disminuyan el impacto negativo irreversible y maximicen los positivos.
Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de los países desarrollados y de las economías en transición han disminuido en un 6,5% en el período 2000–2018. Mientras tanto, las emisiones de los países en desarrollo han aumentado en un 43,2% entre los años 2000 y 2013. Este aumento se atribuye en gran medida a una mayor industrialización y al aumento de la producción económica medido en términos del PIB.
Por ello, también es importante una vinculación no sólo técnica desde el punto de vista ambiental, sino también económica. Los países desarrollados han adoptado un rol de liderazgo por sobre los países en desarrollo, ese liderazgo se materializa no sólo a través de medidas ejemplificativas vinculadas a la reducción de GEI, sino con el financiamiento. Un caso a modo de ejemplo es el Programa REDD+ de ONU que alienta a los países que implementan el mecanismo de Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y Degradación de los bosques a desarrollar 4 pilares con el fin de poder acceder a pagos basados en resultados, programa del cual Argentina participa y ha presentado avances.
Por estas razones, se vuelve imprescindible la vinculación económica y conocimiento sobre las direcciones de los flujos financieros vinculados al desarrollo de políticas sostenibles para alcanzar los objetivos sin caer en una crisis económica censurando actividades que se encuentran vinculadas a la idiosincrasia propia de nuestras regiones.
El derecho al ambiente sano está contemplado en nuestra Constitución Nacional en el art. 41, pero no solamente es un derecho, sino que le corresponde el deber constitucional de proveer los medios necesarios para proteger este derecho, promover la utilización racional de los recursos naturales y preservar el patrimonio natural y cultural, la diversidad biológica, entre otros.
Del mismo modo, en cumplimiento del mandato constitucional se dictaron varias leyes de presupuestos mínimos. Contamos con la Ley General del Ambiente N° 26.331, y recientemente se ha sancionado la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global N° Ley 27.520 que nos convocan a trabajar para crear un mejor escenario para las futuras generaciones.
En este sentido, en el año 2019, la Provincia de Santa Fe presentó su Plan Estratégico de Cambio Climático que consideró relevante el énfasis en la implementación local a través de ejes programáticos, promoviendo la participación ciudadana de la sociedad civil y de los sectores privados con acciones proactivas considerando especial protección de grupos y ecosistemas vulnerables.
El plan se propuso trabajar sobre dos ejes esenciales que ya hemos enunciado: la mitigación, a través de la reducción de concentración de GEI teniendo como finalidad la atenuación del calentamiento global y, la adaptación, teniendo como objetivo generar resiliencia a los efectos del cambio climático a través de la reducción de la vulnerabilidad. De conformidad a la estrategia provincial con el Acuerdo de París los países se comprometieron a fijar metas concretas de reducción de emisiones, acordes a sus posibilidades, que fueron formalizadas mediante las denominadas “Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)”. Argentina firmó y depositó su instrumento de ratificación el día 21 de septiembre de 2016 comprometiéndose a no exceder la misión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (Mt de CO2 equivalente) en el año 2030.
“Para lograrlo es necesario implementar medidas de reducción de emisiones que involucren a varios sectores de la economía, focalizando el accionar en iniciativas relacionadas con la generación eléctrica, el consumo eficiente de la energía, prácticas agrícolas, ganadería, bosques, transporte, procesos industriales y gestión de residuos” enuncia el Plan presentado el pasado año. Según datos provistos por el Ministerio de Ambiente Nacional, el Inventario Nacional de GEI de Argentina contabilizó un total de 364 para el año 2016 (últimos informes) de los cuales un 53% de las emanaciones de GEI proviene del sector energético, un 27% a la actividad agrícola, ganadera y otros usos de la tierra, un 6% a procesos industriales y uso de productos y un 4% a residuos.
Del sector energía un 33% está vinculado a la industria de la energía propiamente dicha, en segundo lugar con un 26% las emisiones provienen del transporte, un 18% de uso comercial, institucional, residencial y un 17% de la industria manufacturera y de la construcción.
A nivel local a través de la Ordenanza 12200, la Ciudad de Santa Fe se incorporó a la Red Argentina de Municipios por el Cambio Climático donde se coordinan y socializan políticas públicas llevadas adelante por cientos de municipios en el país.
En nuestra esfera de trabajo local una temática que nos convoca y que se encuentra dentro de los sectores generadores de GEI, es la gestión de Residuos. La medición incluye las emisiones generadas tanto por la disposición, el tratamiento y gestión de residuos sólidos como de aguas residuales. Al año 2016 se generaba 1,19 kg/habitante/día de residuos a nivel promedio nacional y un 40,9% de la emanación total de GEI provenientes de los residuos se encuentra vinculada a las Aguas residuales. Los rellenos sanitarios utilizados en centros urbanos para la disposición de los residuos domiciliarios son también grandes fuentes de GEI, principalmente metano. Este gas puede ser recolectado por medio de tuberías y utilizado para la generación de energía eléctrica o de calor. También puede optarse por su combustión directa, liberando dióxido de carbono cuyo potencial de efecto invernadero es mucho menor que el de este gas.
Por otro lado el modelo de ciudad, la centralización que se desprende del mismo y los desplazamientos necesarios para el cumplimiento de las funciones urbanas cotidianas de los ciudadanos, convierten al transporte en uno de los grandes emisores de GEI a través del uso de combustibles fósiles. Medidas efectivas para la mitigación podrían ser una mayor utilización del transporte público, el reemplazo de los combustibles líquidos por el gas natural comprimido, el uso de bicicletas, como así también la implementación de reglas de organización del tránsito y de mejoras técnicas en los vehículos. Muchas de estas medidas no sólo contribuyen a disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero sino que también producen menores impactos en salud, algo que venimos promoviendo desde hace tiempo y se ha vuelto nuestro eje de trabajo.
Creemos que es necesario avanzar progresivamente hacia una toma de decisiones firme y concreta, que involucre una gestión comprometida con las futuras generaciones y que promueva un desarrollo sostenible contemplando principalmente los sectores más vulnerables y susceptibles de ser perjudicados por las crisis ambientales.
En este sentido, sostenemos que avanzar en la creación de un Consejo Asesor que aporte conocimiento técnico y científico, sumado a la participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, redes institucionales, universidades y el sector privado crea espacios democráticos y conciencia cívica para abordar una temática que nos compete como parte y habitantes de nuestro ambiente con compromiso y responsabilidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto.
