Lucas Simoniello

Santa Fe: desafíos y oportunidades para una nueva agenda urbana

El fenómeno provocado por la acelerada urbanización no es nuevo y mucho menos exclusivamente santafesino. América Latina es la región más urbanizada del mundo y la ONU estima que para el año 2030 más de 600 millones de los 725 millones habitantes de la región vivirán en áreas urbanas.

Entre las ciudades que más crecen y crecerán en las próximas décadas, están cobrando cada vez más protagonismo las ciudades de menos de 1 millón de habitantes, las ciudades intermedias como, por ejemplo, Santa Fe con aproximadamente 500.000 habitantes.

En la actualidad, aproximadamente el 80% del PBI regional es generado en las zonas urbanas, lo que demuestra que las ciudades tienen un rol cada vez más central en la producción, comercio, los servicios, la inversión, la innovación y la economía de los países. Santa Fe se encuentra dentro de estas ciudades con alto potencial para un desarrollo urbano sostenible, por lo que una adecuada planificación resulta fundamental a fin de alcanzar los objetivos que hacen a la mejor calidad de vida de la población.

En este marco, el gobierno municipal encabezado por Emilio Jatón remitió al Concejo Municipal dos mensajes con propuestas de ordenanzas que, sin dudas, constituyen un gran paso en esa dirección.

Una ciudad más habitable 

La primera de ellas es el denominado “Código de Habitabilidad” que viene a saldar una deuda histórica de la ciudad desde el retorno a la democracia, sustituyendo el vigente Reglamento de Edificaciones Privadas, aprobado durante la última dictadura, y que indudablemente demandaba una reforma integral.

La norma plantea, al introducir el concepto de “habitabilidad”, una profunda modificación conceptual, un verdadero cambio de paradigma en relación con la ciudad que queremos y soñamos para el futuro. Porque hablar de cómo construimos hoy implica necesariamente pensar y planificar cómo queremos crecer como ciudad.

Así las cosas, la propuesta de la Municipalidad, que ya fue trabajada en conjunto con los actores representativos del sector de la construcción, expertos en la materia, universidades y colegios profesionales, abarca todas las intervenciones edilicias que se realicen en la ciudad, tanto en las parcelas privadas como el espacio público inmediato como veredas, receptando las nuevas realidades constructivas y de habitar, con cuatro grandes ejes.

En primer lugar, la generación de reglas claras respecto a los requisitos para los diversos tipos de obras y la agilización y simplificación de trámites. En segundo lugar, la fijación de estándares constructivos seguros y estables estructuralmente, con posibilidad de usos mixtos, accesibles, con adecuada salubridad, provisión de servicios, movilidad y gestión de riesgos. En tercer lugar, la promoción de estrategias ambientales en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la ONU: infraestructura verde en veredas, áreas no edificables en cada parcela, eficiencia energética, utilización de energías renovables, incorporación de terrazas verdes, instalación de retardadores públicos, tratamiento de aguas grises, redefinición de los espacios destinados a la movilidad y los residuos, entre otros aspectos que hacen a la sostenibilidad del crecimiento urbano. Por último, el fortalecimiento de la participación ciudadana incorporando mecanismos e instancias de revisión de la normativa que permitan la colaboración de las instituciones y de los diversos actores de la ciudad capaces de aportar desde diferentes ópticas y experiencias para la permanente actualización del código.

Desde donde venimos y hacia dónde vamos: el valor de la historia local

En cuanto a la segunda ordenanza, se trata de una norma que se propone regular desde una perspectiva integral las acciones de protección, preservación y tutela del patrimonio urbano arquitectónico de la ciudad, entendiendo como tal al conjunto de bienes inmuebles, tramos, ámbitos, áreas, paisajes urbanos o sitios, que por sus valores históricos, sociales, simbólicos, ambientales, arquitectónicos o artísticos definen la identidad y memoria colectiva de sus habitantes.

De aprobarse esta norma, se otorgaría mayor claridad y certeza a la protección, superando la situación que se generó durante la vigencia de la ordenanza actualmente vigente que no incluyó un registro de bienes y creó la condición genérica y preventiva de considerar como inmuebles de “interés histórico-artístico” los inmuebles que tuvieran una antigüedad mayor a 80 años, sin una estrategia clara de preservación basada en el valor patrimonial que va en ocasiones mucho más allá del mero paso del tiempo. Además, en la línea de un rol mucho más activo del Estado en materia de conservación, se establecerían una serie de beneficios concretos e innovadores para promover y facilitar la protección del patrimonio urbano.

Si queremos construir una ciudad que cuide y mejore la calidad de vida de los vecinos, tenemos que empezar por los cimientos; tenemos que empezar por la forma en la que construimos nuestra ciudad y preservamos nuestro patrimonio.

En ese sentido, Santa Fe se encuentra ante el gran desafío de pensar y debatir una nueva agenda urbana al servicio de la calidad de vida y la garantía de derechos vinculados a la vivienda, la movilidad, la protección ambiental y la superación de las desigualdades sociales.

El desafío está planteado, todos los santafesinos somos conscientes del potencial que tenemos como ciudad. Ahora las distintas fuerzas políticas representadas en el Concejo Municipal tenemos la enorme responsabilidad de trabajar en conjunto para poder crear algo más grande que lo que ya tenemos y aportar a la construcción de una planificación a futuro.

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