PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal gestione, ante el Superior Gobierno Nacional, la evaluación y consideración de políticas públicas tendientes a subsidiar y/o crear créditos blandos o similares a inquilinos en situación de vulnerabilidad que no puedan afrontar el pago del alquiler y, asimismo, evalúe, dentro de sus competencias, desarrollar acciones en el mismo sentido desde la Oficina del Inquilino dependiente de la Dirección de Derechos Ciudadanos.
Santa Fe, marzo 2021.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de comunicación tiene como propósito solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, que realice gestiones ante el Gobierno Nacional para que evalúe seriamente y considere la posibilidad de crear políticas públicas tendientes a subsidiar o crear créditos blandos para aquellas familias que no hayan podido afrontar el pago del alquiler durante la vigencia del Decreto 320/2020.
En este sentido el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios elevó también una propuesta que plantea la creación de un subsidio o crédito, similar al instituido a través de la Tarjeta AlimentAR, consistente en una ayuda económica para aquellas personas o familias que no puedan afrontar el pago del alquiler de su vivienda.
La imposibilidad de acceder a créditos en condiciones accesibles debido a los requisitos generalmente solicitados por las entidades bancarias o financieras, en un contexto de informalidad e inestabilidad laboral como el que atravesamos, genera aún más dificultades para poder acceder a una vivienda.
Según hemos podido percibir y mostrar desde el año 2010, el porcentaje de hogares propietarios de sus viviendas tiende a disminuir en comparación con el Censo del año 2001, acercándose al 72,77% del total de hogares de la ciudad. En contraste con lo que pasa con los propietarios, las familias que habitan viviendas alquiladas tienden a aumentar acercándose al 18% de los hogares santafesinos. Es decir, durante el año 2010, de cada 100 hogares santafesinos, 18 de ellos alquilaban. Además, podemos prever que los hogares inquilinos de la ciudad superan ampliamente el 22% y, en nuestra encuesta realizada recientemente, pudimos advertir la dificultad actual de las familias para cumplir con el pago de los alquileres en el marco del parate generado como política para disminuir el riesgo de propagación de la Covid-19 durante el año 2020.
Debemos tener en cuenta entonces que, si en 2010 de un total de 124.927 hogares el 18,04% representaba 22.537 familias en situación de inquilinato, en 2020 el 22% de los hogares (que rondan los 130.000) son más de 28.000 familias. En ese marco, la falta de pago según sondeos y encuestas de alrededor del 7%, representa más de 1.500 familias que deberán afrontar además del pago del alquiler, el pago de la deuda generada en pandemia y en un contexto económico crítico.
Ya es de basto conocimiento que el derecho internacional de los derechos humanos reconoce a todas las personas el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo el derecho a la vivienda adecuada.
La gestión nacional ha implementado varias medidas vinculadas con el hábitat y vivienda, incluso en el marco de la Emergencia dispuesta a raíz de la propagación de la COVID-19 que puso en vilo al mundo entero, decretó numerosas disposiciones relacionadas al alquiler. Entre ellas, a través del Decreto 320/2020, y sus consecutivas prórrogas, se estableció la prohibición de desalojos por morosidad en el pago de los cánones locativos, se prorrogó el pago de las deudas generadas por el incumplimiento y se estableció un sistema de financiamiento para saldar las mismas, todo ello para acompañar la situación de muchos argentinos y argentinas que vieron paralizados sus ingresos por el parate económico que significó la suspensión de las actividades económicas.
A su vez, se sancionó una nueva ley de alquileres, N° 27551, que modificó el Código Civil y Comercial de la Nación, creando nuevas disposiciones, muchas de ellas propuestas desde agrupaciones de inquilinos organizados, entre las que se estableció la obligatoriedad por parte de los propietarios y administradores de inscribir el contrato de locación en un Registro establecido por AFIP, un plazo mínimo de tres años, y podríamos decir la más controvertida de todas las medidas, modificar el índice para determinar el ajuste del precio del alquiler anualmente.
A 8 meses de su entrada en vigencia ya han sido varios los sectores que analizan su impacto y creen que es necesario realizar cambios, incluso que resultarían beneficiosos para los principales actores vulnerables de esta relación que son los inquilinos.
Si lo que se busca es promover acciones tendientes a incrementar la oferta de viviendas en el país y así facilitar el acceso a la vivienda adecuada generando que más personas puedan concretar su derecho, creemos que se vuelve imperioso escuchar todas las voces y tener una postura abierta a crear alternativas que ayuden a dar soluciones a las miles de familias y personas que hoy no tienen respuesta a la problemática habitacional que atraviesan.
La propuesta elevada por el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina concretamente supone la creación de una tarjeta denominada “AlquilAR”, siendo una iniciativa que podría ayudar de manera específica a cada inquilino en situación de vulnerabilidad que no pudiese enfrentar el pago del alquiler. A su vez, se propone aplicar los programas de financiamiento de Ahora 18 o Ahora 24 para quienes hayan generado deudas durante la prórroga del DNU antes mencionado.
En este sentido, dentro de la Dirección de Derechos Ciudadanos, específicamente la Oficina del Inquilino, creada por Ordenanza N° 12640, se enumeran como objetivos “facilitar el acceso a viviendas en alquiler implementando un sistema participativo para el restablecimiento del equilibrio económico en la oferta y la demanda de inmuebles, gestionar ante instituciones bancarias o financieras, públicas o privadas, aseguradoras y otras entidades que resulten pertinentes, el otorgamiento de garantías bancarias y/o seguros de caución, que suplan a las garantías propietarios y/o laborales actualmente requeridas para formalizar contratos de locación” entre otros, por lo que creemos que darle intervención a este área es imprescindible para mejorar las condiciones del inquilinato en la ciudad.
Creemos fuertemente que debemos seguir apostando a una mirada constructiva que acompañe a las familias de santafesinos y santafesinas que hoy encuentran dificultades para ejercer su derecho a una vivienda adecuada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
